En cumplimiento al mandato popular expresado en las urnas el 1° de julio de 2018, de terminar con excesos de servidores públicos que generan gastos innecesarios e injustificados, como el uso de guardaespaldas, escoltas, chef privados, vehículos oficiales y aeronaves con fines personales y con cargo al erario público, diputadas y diputados del Grupo Legislativo de Morena y la legisladora Areli Maya Monzalvo, del PAN, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Hidalgo.
Correspondió al diputado morenista José Antonio Hernández Vera exponer los motivos; detalló que la mayoría de la población comparte la idea de que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre”. Indicó que la austeridad es un elemento de la transformación que permitirá emprender acciones y contar con herramientas para alcanzar los principios constitucionales de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en la asignación, destino y ejercicio de recursos públicos.
Añadió que la austeridad republicana que impulsa el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refiere al buen uso y a la alta rentabilidad del gasto público. La austeridad en el gobierno no solo implica optimización de recursos y evitar los excesos de funcionarios, sino eliminar a toda costa los actos de corrupción.
“Con una proyección financiera adecuada y medidas gubernamentales pertinentes se puede lograr el ahorro de los recursos públicos, para así destinarlos a áreas prioritarias de desarrollo social y económico” en la entidad, sostuvo el legislador.
Indicó que alinearse a la política de austeridad del gobierno federal implica reconocer que el gasto debe ejercerse de forma más eficiente y responsable en nuestro estado, ya que de acuerdo con el Índice de Información de Ejercicio del Gasto 2018 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la entidad ocupa la posición 26 del nivel de cumplimiento, uno de los lugares más bajos, con 49.3 en escala de 1 a 100.
Subrayó que uno de los objetivos de esta ley es no gastar más de lo presupuestado, y que lo ahorrado se destine al desarrollo de infraestructura en los municipios, ya que según datos del IMCO, en 2017 ejerció gasto 19% mayor al planeado; además, en el mismo periodo de referencia, la entidad gastó 423% más en comunicación social, 34% en más en servicios básicos y 39% menos en infraestructura.
“Esta ley busca que cada peso de recurso púbico se planee de tal manera que su uso eficiente permita beneficiar a mayor población, disminuyendo gastos que no son sustantivos para los organismos públicos”, apuntó.
Asimismo, señaló que la normatividad propuesta tiene fundamento legal en diferentes disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 127, que señala que los servidores públicos recibirán remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades.
Explicó que los poderes del estado, los municipios, las entidades de administración pública paraestatal, estatales o municipales, y entes autónomos estatales y municipales son sujetos obligados de fiscalización y así lo señala el artículo primero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental estatal.
Hernández Vera destacó que la ley de austeridad hidalguense trabajará con la visión de un nuevo gobierno que consolide el uso efectivo de recursos públicos, que defina y justifique cada peso ejercido. “Combatirá de manera sistemática el enriquecimiento ilícito, cada plaza, cada vehículo, cada lápiz que utilicen las instituciones públicas deberá ser sustentado debidamente con apego a la ley para que los recursos que se liberen por la política de austeridad beneficien a la sociedad hidalguense”.
Entre las disposiciones que considera la Ley de Austeridad destaca: Los titulares o responsables de dependencias, entidades y organismos deberán informar a la Secretaría de Finanzas Públicas de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal correspondiente, para que esta considere el ahorro proyectado en la elaboración del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
Los recursos obtenidos a través de las políticas de austeridad y ahorro no podrán destinarse a los capítulos correspondientes al gasto operativo o al gasto corriente.
Asimismo, los servidores públicos de la entidad deberán acceder al sistema público de seguridad social correspondiente. Queda prohibido cubrir con recursos públicos la contratación de seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privados, salvo que el servidor público convenga pagarlos con su propia remuneración; con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.
No se autorizarán pensiones de retiro a titulares de los poderes del Estado, de organismos públicos autónomos y demás entes de la administración pública estatal adicionales a las prestaciones contempladas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También queda prohibida la contratación de servicios de escoltas, choferes u otros servicios con cargo al erario público, con excepción de aquellos cargos de impartición, procuración de justicia y seguridad pública.
Además, los gastos de publicidad y comunicación de las dependencias, entidades y organismos, por conceptos de tiempos de radio, televisión, prensa, internet y redes sociales no podrán rebasar el 0.3% del presupuesto autorizado para el periodo fiscal correspondiente, y por ningún motivo podrá promoverse la imagen de los servidores públicos.
Queda prohibida la compra de vehículos de lujo para labores en dependencias; se deberá privilegiar la compra de vehículos austeros, económicos y con rendimiento alto de combustible. No se comprarán vehículos nuevos, salvo que se justifique su necesidad, entre otras disposiciones.
